Manejo y capacidad de negociacion de Telefonica frente al Estado Peruano

El 20 de marzo último, las partes fueron notificadas sobre la sentencia en primera instancia emitida por el Octavo Juzgado Transitorio en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima.

En ella se declaraba fundado, en parte, el reclamo presentado por la empresa de capitales españoles. Así, el Poder Judicial le dio razón en los reparos referidos a cargas financieras, provisión de cobranza dudosa y documentos que no sustentan gastos.

A fines de 2011, cuando la compañía ganó una medida cautelar que impedía que la Sunat cobre la deuda hasta que se emita un fallo, se explicó que la deducción por carga financiera y por provisiones de cobranza dudosa representaba el 70% de la obligación, es decir, S/.1,600 millones.

El fallo judicial no acogió dos reparos planteados por la empresa: la enajenación de bienes por transferencia patrimonial a Telefónica Móviles y el costo del activo fijo deducido extracontablemente como gasto (overhead).

DATOS

- Pagó una parte
En enero de 2012, Telefónica pagó S/.134 millones a la Sunat a cuenta de la deuda tributaria que mantiene.

- Resultados
En 2012, Telefónica del Perú reportó una ganancia neta de S/.538 millones, un 21% más que el año anterior. La inversión realizada sumó S/.747 millones.

LA RENOVACION DEL CONTRATO CON EL ESTADO

Gobierno renueva contrato a Telefónica por casi 19 años

Luego de un año y medio de ardua negociación, Telefónica y el gobierno peruano llegaron a un acuerdo que establece una serie de términos y condiciones como una tarifa social de telefonía móvil, ampliación de la cobertura, además de acceso gratuito a internet satelital para entidades del Estado.

El gobierno decidió renovar los contratos de concesión a Telefónica Móviles por 18 años y 10 meses, estableciéndole a la empresa el cumplimiento de una serie de compromisos de inversión y servicios gratuitos por S/. 3.020 millones.

Entre los términos y condiciones aceptados por la española está la implementación de una tarifa social de telefonía móvil que beneficiará a un millón de peruanos de los programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Cuna Más, así como los servidores públicos (profesores, médicos, policías y militares) que laboren en áreas rurales del país.

La tarifa social será de S/. 0,25 por minuto, es decir, se reducirá un 50% frente a la tarifa que actualmente se cobra, que es S/. 0,50 el minuto. Este nuevo precio se aplicará para los primeros 40 minutos.

Telefónica también ampliará la cobertura de su servicio de telefonía móvil en 409 capitales de distritos a nivel nacional, para que el 100% de estas localidades tengan cobertura móvil.

Además, extenderá la telefonía móvil en 1.848 localidades donde no existe cobertura, con lo cual el 100% de centros poblados con más de 400 habitantes tendrán acceso a este servicio.

Otra condición aceptada por Telefónica es que tendrá que dar acceso gratuito a internet satelital para las entidades del Estado (colegios, centros de salud y comisarías) de los 661 distritos más pobres del país, que incluye a 35 distritos fronterizos.

Paralelamente, otorgará acceso gratuito a internet fijo (Speedy) para entidades del Estado en 56 capitales de provincia donde haya cobertura de fibra óptica. Serán unas 11.000 conexiones gratuitas de Speedy de 6 Megabits.

Asimismo, la empresa deberá ejecutar el Proyecto Integración Amazónica Loreto-San Martín, e instalar una red de transporte inalámbrica (microondas) de banda ancha para beneficiar a 259 localidades con acceso a internet gratuito para 559 establecimientos del Estado ubicados en las márgenes de los ríos Marañón y Huallaga, y parte de la carretera IIRSA Norte desde Rioja hasta Iquitos.

Finalmente, Telefónica pondrá a disposición del Estado la interconexión de los centros de control de cámaras de video vigilancia de 327 distritos del país, para contribuir con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

La razón del acuerdo (fuentes anteriores a la renovación del contrato)

La compañía Telefónica quiere encontrar una solución negociada con el Gobierno de Perú para resolver el contencioso sobre la distinta interpretación del pago de impuesto de la operadora, informaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.

La falta de acuerdo atañe a los impuestos referentes a los resultados de Telefónica del Perú de los ejercicios 2000-2001, sobre los que la operadora estima que ha tributado por el 51 por ciento de los beneficios.

La reclamación proviene de las facturas no cobradas por Telefónica que la compañía no ha contabilizado en sus resultados, y la deuda oscilaría entre los 200 y los 600 millones de euros (entre 275 y 837 millones de dólares al cambio actual).

Si se paga lo que reclama el Gobierno de Perú, señalaron las mismas fuentes, los impuestos supondrían el 71 % de los resultados, lo que significaría un desequilibrio financiero para la compañía. Telefónica quiere abrir una vía de diálogo y no resolver el problema por la vía del contencioso, agregaron.

Fuentes de Telefónica explicaron a EFE que su decisión de acudir a los tribunales fue por la falta de acuerdo en los impuestos, pero que están dispuestos a dialogar y a buscar una salida negociada.

Este contencioso coincide con la renovación de la licencia de Telefónica en Perú, que habitualmente se produce de forma automática aunque la operadora estaría dispuesta a asumir por escrito compromisos de inversión.

Conclusiones

Entonces en la negociación, Telefónica ha hecho lo que ha quería desde un principio. No querían iniciar acciones en los tribunales, pero al no existir acuerdo, no tenían otra opción al no querer asumir la deuda. Se acercaba la fecha para la renovación del contrato con el Estado, y aprovecharon la situación para negociar, de manera que la deuda no es asumida, pero se aceptan demandas que el Estado presenta como premio del acuerdo a favor de la población, pero que en realidad son inversión para la empresa, que generará ingresos a partir de este "acuerdo", al fortalecerse como la infraestructura más grande de telecomunicaciones en el Perú. Tratos que debilitan a empresas que quieren seguir invirtiendo, como Claro, que al ser también una empresa con ingentes capitales puede permitirse alguna perdida si en sus planes está asegurado el retorno de esa inversión. 

Telefónica ha desarrollado una estrategia que permita asegurar su balance financiero, y el Estado Peruano en las negociaciones es quien se lo ha permitido.