La Ley de "Delitos Informáticos" en el Perú

El jueves 12 de septiembre, pese a que sus autores iniciales reconocieron los errores que contenía, el dictamen de los proyectos de la Ley de Delitos Informáticos fue aprobado en el Pleno del Congreso por unanimidad, escondiéndose en la verdadera necesidad de lograr una legislación que luche contra el cibercrimen.

El proyecto inicial, conocido como Ley Beingolea, estuvo en espera por más de un año y en menos de seis horas fue debatido, modificado, revisado y aprobado, uniéndolo con otros proyectos pendientes relacionados al Internet y con la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, referida a la modificación del artículo 162 del Código Penal, sobre la intercepción telefónica, tras la difusión del audio del ministro de Defensa, Pedro Cateriano.

Aunque existe la intención que el Perú se adhiera a la Convención de Budapest, un acuerdo internacional suscrito en noviembre del 2001 con el objetivo de luchar contra los delitos informáticos y de Internet; este proyecto ha tomado varios puntos de este tratado, sin remediar en las acepciones que presenta el texto.

El congresista Juan Carlos Eguren, quien se encargó de modificar el dictamen, defiende este proyecto bajo la premisa que el Perú, en el primer trimestre del año, ocupó el quinto puesto entre los países más vulnerables en materia informática.

“En caso una persona sin consentimiento afecte datos informáticos o de usuario, el funcionamiento de un sistema o a una red informática o de telecomunicaciones, recibirá, por ejemplo, una pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años”, expresó el legislador.

Sin embargo, el capítulo al que hace referencia el congresista es tan ambiguo, como el resto, que permite que una persona sea condenada hasta a seis años de prisión solo por cambiar de nombre, borrar, suprimir o copiar una carpeta o un archivo de otro usuario.

Asimismo, elaborar y utilizar una base de datos en Excel u otro programa, con información de una o más personas, puede llevarte a la cárcel hasta por cinco años. Una simple lista de contactos puede ser la causa de pasar unos años en prisión por inverosímil que parezca.

“Las formas verbales son tan ambiguas que no se entienden a que se han querido referir en lo que es daño a datos informáticos”, señaló Erick Iriarte, abogado especialista en TIC.

EL COPY & PASTE A BUDAPEST

En el afán de tener cercanías con el Acuerdo de Budapest, uno de los capítulos señala la prohibición de la posesión, creación o comercialización de bienes o software que sirvan para hackear. Sin embargo, el texto de la convención indica, un párrafo abajo, una excepción. para aquellos que utilicen estas herramientas para un análisis de ethical hacking o vulnerabilidad de sistemas.

Iriarte recordó que los instrumentos no son dañinos, la utilización sí lo podría ser. Aunque el propio Estado utiliza estas herramientas para seguridad de la información, ya no podría emplearlas por culpa de esta ley, porque no se incluye esta excepción.

De esta forma, sostuvo el especialista, se les está haciendo un gran favor a los delincuentes cibernéticos porque utilizar estos software, así sea para combatirlos, es ilícito.

“En la copia peruana, se coloca el primer párrafo, pero no han puesto la excepción. O sea, muchas de las políticas que tiene el Estado peruano no se podrían ejecutar porque el instrumento para hacerlo es delito. ¿Quién se ve beneficiado con eso? Los delincuentes”, comentó.

El proyecto de ley de delitos informáticos aguarda su promulgación desde hace varias semanas en el despacho del presidente Ollanta Humala. Expertos en el tema esperan que el mandatario no lo firme y que más bien lo observe, pues cuestionan sus ambigüedades y dicen que podría afectar la libertad de expresión.

Kela León, directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana, mostró su preocupación por esta iniciativa aprobada en el Congreso el 12 de setiembre. Dijo que hay artículos que podrían vulnerar la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Indicó que se aumentan las penas para la interceptación de información pública de carácter reservado, pero sin precisar nada sobre la difusión de la misma, lo cual puede prestarse a cualquier interpretación.

“Debería decirse que la difusión de esa información está penada a excepción de que sea de interés público. Ese vacío puede dar pie a que se afecte la libertad de prensa”, aseguró.

León también dijo que los delitos informáticos vinculados con la seguridad nacional suponen con esta norma penas elevadas, pero no hay una definición de lo que se puede considerar información secreta o de seguridad nacional, por lo que podría sancionarse arbitrariamente la difusión de una información secreta.

DERECHOS FUNDAMENTALES EN RIESGO

Miguel Morachimo, presidente de la ONG Hiperderecho, dedicada a defender las libertades por Internet, envió una carta a Humala para pedir que devuelva el dictamen al Congreso para su debate y modificación.
José Luis Medina, asesor del Ministerio de Justicia, comentó que la norma está bien hecha y que no afecta la libertad de expresión. “En ninguna parte se dice que los medios serán castigados por difundir comunicaciones privadas”, subrayó.

Morachimo advirtió que la forma en que ha sido redactado el proyecto pone en riesgo derechos fundamentales. Dijo que se pretende ampliar el delito de discriminación a través de Internet como una sanción igual a los actos de violencia ejercidos por discriminación.

“Ello implica una amenaza a la libertad de expresión en línea, donde cualquier comentario que alguien pueda encontrar discriminatorio puede colocar al autor frente a una investigación penal”, indicó.

Erick Iriarte, abogado especialista en temas de Internet, ha señalado que la ley tiene muchas ambigüedades en su redacción que la hacen peligrosa. Por ejemplo se castiga hasta con seis años de prisión a los que borren, deterioren, alteren o supriman datos informáticos que no sean suyos, pero no hay una valorización de en qué circunstancia debe aplicarse.

NECESIDAD DE MAYOR DISCUSIÓN

Sobre las penas fuertes por discriminación en Internet, Medina dijo que se hizo por el efecto masivo que tiene un comentario discriminador emitido por Internet. “Será visto por miles de personas y el daño es mayor”.

Medina coincidió en que el dictamen fue aprobado sin mucho debate en el Congreso y que debe ser discutido ampliamente para que se entienda mejor.